La adaptación de los programas informáticos será obligatoria para empresas a partir de enero de 2026 y para autónomos desde julio del mismo año. Esta obligación se implementará a través del sistema VERIFACTU, que permite el reporte inmediato de las facturas a la Agencia Tributaria (AEAT), incorporando medidas de seguridad como códigos hash y QR. Los sistemas utilizados deberán cumplir con requisitos técnicos que garanticen la inalterabilidad, integridad y trazabilidad de los registros. Además, los productores de software estarán obligados a presentar una declaración responsable que certifique la conformidad de sus sistemas con la normativa. El incumplimiento podrá acarrear sanciones de hasta 50.000 euros por utilizar software no conforme. A pesar de estas exigencias, la adaptación también aporta importantes beneficios, como una mayor eficiencia en la gestión, reducción de errores, mejora en la trazabilidad y control de transacciones, cumplimiento normativo que evita sanciones y facilita la integración con los libros fiscales, y acceso a ayudas públicas como el programa Kit Digital, que apoya a empresas y autónomos en su adaptación al nuevo sistema.